Un capitán blanco sentenciado por multar a los individuos que no asistían al alistamiento militar, de las compañías urbanas, formadas por la invasión de miranda y por abigeo

INVESTIGADORA: Zully Chacón M.

Departamento de Investigaciones Históricas – ANH

 

 

FICHA  DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

  • Ubicación: Academia Nacional de la Historia – Archivo II
  • Sección: Civiles
  • Signatura: 16-6252-1
  • N° de documento:  18027
  • N° de expediente: 1
  • Temática: Abigeato
  • N° de folios: 83
  • Año: 1806
  • Lugar: Guanare

UN CAPITÁN BLANCO SENTENCIADO POR MULTAR A LOS INDIVIDUOS QUE NO ASISTÍAN AL ALISTAMIENTO MILITAR, DE LAS COMPAÑÍAS URBANAS, FORMADAS POR LA INVASIÓN DE MIRANDA Y POR ABIGEO

Juan José Militón Alzuru

 En 1806 cuando el “rebelde Miranda” invade la Capitanía General de Venezuela, el Gobernador y Capitán General de esta provincia gira instrucción a los tenientes de justicia, de todos los pueblos, que la conforman para que se establezcan milicias urbanas que defiendan el territorio. El teniente de justicia del pueblo de San Rafael, jurisdicción de Guanare, nombra a Juan José Militón Alzuru, blanco, capitán de las milicias urbanas, para que forme bajo su mando una compañía de milicias. Éste, a su vez, nombra al pardo Roque Valero capitán y le ordena que multe a todo individuo que se le ha notificado y no asista a la compañía ni a los ejercicios, o no usare una curaca en el sombrero. Las multas ejecutadas por Roque Valero por mandato del Capitán Alzuru crean un malestar en las personas a las que se aplica dicho castigo. Quejándose los mismos ante el Teniente de Justicia, Juan Gallegos Pacheco, él cree que, bajo pretexto de multa, Alzuru y Valero han robado a los pobres del pueblo y decide que a ambos capitanes se les prive de libertad y se les confisque sus bienes.

 Son curiosas estas declaraciones de bienes. El capitán Roque Valero, que se declara de calidad pardo, de oficio herrero, casado y de cuarenta y dos años, pareciera que viviera en mejores condiciones que el blanco capitán Alzuru. Este último declara que es de calidad blanco, de oficio labrador, casado y de veintiocho años. Alzuru vive  en una casa de bajareque, y techo de palma de quince varas de largo y siete de ancho, que tiene otra casa en el sitio de los Marrones de igual condición, nueve silletas forradas en cuero de res y madera de cedro, un escaño de tres varas de la misma madera, una carga de baúles de cedro,  ocho caballos mansos en la sabana, seis yeguas cereras en la sabana de la soledad, dos derechos de sabana, uno en Guanare y el otro en San Pablo, jurisdicción de Ospino, una rosa de tres almudes y medio que está sin cercar, veinte marranos de cría, todo lo cual se embargó y depositó en la persona de don Julián Fernández . [1]

 El teniente de justicia de Guanare, juez de Llanos, a través del cabo, principal de ronda de Llanos, don Manuel Rodríguez, pone presos a ambos capitanes en la cárcel Real de Guanare. Roque Valero, capitán pardo, no opone resistencia, y declara ante el embargo de sus bienes que tiene: una casa de teja de doce varas de largo, y cinco y media de ancho de tapias, otra de dieciséis varas de largo y seis de ancho de bajareque doble cubierta de palma y agua, diez silletas de suela de cedro, un escaño de cuatro varas de largo, otro de dos varas y medio y otro de cedro, tres mesas de cedro dos grandes y una pequeña, un sillero de cedro, dos cajas de cedro y carga y media de baúles de cedro, una papelera con cerradura, una fragua con sus herramientas de herrería, una esclava llamada María de treinta años, todo se embarga y deposita en la persona de Francisco Galeas.[2] El pardo es dueño de una esclava y habita una casa que está en mejores condiciones que la del capitán blanco.

 El capitán blanco expone, ante el teniente de justicia mayor, que las multas cobradas a los individuos que no asistían al alistamiento militar eran para pagarle al cabo que los iba a buscar al campo. Mientras el capitán pardo dice que él sólo obedecía las órdenes del capitán y comandante de las milicias, Alzuru, y que las cantidades de pesos que había podido cobrar las había entregado a dicho comandante. En el interrogatorio le preguntan por qué no rechazo la orden del capitán Alzuru, y contesta que no la impugnó porque el teniente de justicia le había mandado a obedecer ha dicho capitán.  Una vez oída la declaración de Roque Valero y la petición que hace por escrito al teniente de justicia para que lo libere de los cargos, ya que él manifiesta no tener culpa alguna de haber obedecido una orden, y tampoco sabía cuáles eran las facultades que tenía el capitán, ni podía solicitárselas ya que él era “un pobre pardo” y el capitán Alzuru “un caballero”. El teniente de justicia decide pasar los autos al asesor Dr. Cristóbal Hurtado de Mendoza, abogado de la Real Audiencia en el distrito de Barinas, para que aconseje sobre el caso, éste responde que ha de compurgarse la pena a Roque Valero, entendiendo que la irregularidad que cometió Valero fue producto de la sumisión de éste al capitán que lo mandaba.[3]

 El capitán Alzuru, no sólo está preso por haber aplicado las multas a las personas que no acudían a la compañía de milicia, sino que contra él se emite otra acusación de mayor peso y gravedad que la anterior. Se le acusa de robar reses y bestias. En el interrogatorio que le hacen le dicen que se le ha hecho cargo de haber extraído furtivamente de la sabana de La Soledad más de treinta reses, que mata algunas en los montes y otras en su casa y que a otra las vende. Él responde que es cierto haber tomado esa cantidad pero que la mayor parte pertenece a su hierro y otras al padre Luciano Alzuru, su tío. Al que ha pagado con dos mulas, estando el padre Alzuru de acuerdo.[4]

 Alzuru escribe al teniente de justicia mayor y le dice que su mujer ha quedado sola en un campo sin asistencia alguna, y que el tiempo ya pasa para sembrar maíz en la rosa que tiene y lo que ha cultivado se perderá. Que la causa que se le sigue “no es de la que merece destierro perpetuo, o mutilación de miembros en la que no se admite fianza,” que él sólo ha tomado unas reses cimarronas de un tío suyo donde hay ganado alzado de su difunto padre, como de otros tanto, como así tiene confesado. Solicita que se le admita fianza de cárcel segura en la persona de Gabriel Pérez de Pagola, para agenciar su defensa y poder sembrar.[5]  El abogado de la Real Audiencia en el distrito de Barinas, Gabriel Hurtado de Mendoza, propone que Alzuru pague la fianza para que pueda regresar a su casa, pero sin desatenderse el juicio.

 Se queja por no haber sido examinados los testigos que se han presentado ante el tribunal y de igual forma hace un análisis de su proceso al teniente de justicia donde le señala, entre otras, que las vacas que mató en el monte y que había agarrado de la “cimarronera”- y los testigos en su contra dicen que eran robadas- tuvo que matarlas ahí porque se quedaron tiesas de puras brava que eran, para luego llevarse la carne en cargas. Que su delito no es otro que haber agarrado reses del hierro de su tío, en la cimarronera que se muere de vieja y “engusanadas”, donde hay ganado de su difunto padre, de sus hermanos y de él. Que por esa razón tiene derecho de opción. Y que todos los becerros orejanos que hierra su tío todos los años tomados al ojeo en la cimarronera, no todos han de ser de él. Y que él no tiene esclavos ni peones, como sí tiene su tío, no puede hacer esos ojeos, y no hierra nada, que apenas puede con uno o dos peones en una semana tomar alguna res a fuerza para matarla, mientras que los esclavos y peones de su tío sacan alrededor de cuarenta reses de la cimarronera para alimentarse. Que por tal razón no debe hacérsele cargo por esas reses.[6]

 Los autos contra Alzuru pasan a la audiencia de Caracas el veintitrés de junio de 1807, el fiscal de su Majestad dice que ha visto los expedientes obrados por el teniente de justicia de Guanare contra Alzuru por la exacción de varias multas y abigeato. Señalando “que antes de proceder al examen de justicia o injusticia de la sentencia conmutada en que éste reo [ha sido] absuelto del segundo crimen” y en cuanto a lo referente al primero se le ha condenado a restituir las cantidades “confesadas, y exigidas por vía de multas a los milicianos, cuestión ilegal dentro de las funciones militares “reparándose compurgando este exceso con la prisión y costas”. El fiscal indica que al proceso le falta la orden emitida por la Capitanía General para el teniente de justicia, que nombraba en calidad de capitán de una de las compañías del pueblo de San Rafael al dicho Alzuru y si éste se hallaba en función militar cuando fue sumariado por el delito de hurto, “pues en el tiempo que fue iniciado el procedimiento se ejercitaban por todas partes las armas con el motivo de de las invasiones del rebelde Miranda”.[7]

 Vistos nuevamente los autos por el fiscal, de la Audiencia de Caracas señala que se le conceda la libertad a Alzuru y se le advierta “que el derecho que llama de opción sobre los animales que aparecen sin marca en su sabana, y sin madre conocida, no puede fundamentarse sólo en esas circunstancias, ni las del número de cabezas [de ganado] que posea, sino en la buena fe del ocupante”, que elimine la duda de pertenecer a otros.[8] Y que la sentencia definitiva de este proceso es que se dé la libertad a Alzuru, y se condene en las costas del proceso a los testigos – que declararon en contra- en el sumario.[9]

 Sin duda este documento da cuenta de varias instituciones y figuras administrativas de la época como por ejemplo los “jueces de llanos” y da pie a estudios relacionados a la vida cotidiana y a la compresión del cimarronaje en el territorio que hoy llamamos Venezuela.


[1] Autos criminales contra don Juan José Militón Alzuru. Academia Nacional de la Historia. Archivo II. Civiles. Doc. 16 – 6252 – 1, 1806, 83 fols.  fol. 17, vto.

[2] Ibídem, fols. 18 vto. y ss.

[3] Ibídem, fols. 24 y ss.

[4] Ibídem, fols. 21 y ss.

[5] Ibídem, fol. 25.

[6] Ibídem, fols. 43 al 51.

[7] Ibídem, fols. 65 vto. y ss.

[8] Ibídem, fols. 75 vto. y ss.

[9] Ibídem, fols. 80 vto. y ss.

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